Las fricciones persiguen a la reforma del proceso penal. Lo que iba a ser una instancia superadora de las diferencias que generó el controvertido y extinto "Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio" aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) -sin pasar por trámite legislativo alguno- terminó exponiendo las desavenencias del bloque oficialista y mayoritario "Tucumán Crece".

La sangre llegó al río de entrada nomás, cuando Regino Amado, presidente subrogante del Poder Legislativo, invitó a elegir autoridades a los miembros de la comisión especial encargada de proponer una enmienda integral del proceso penal (el grupo se reunió ayer por primera vez en la sede de la Legislatura). Edgardo Sánchez, fiscal de Instrucción de Concepción, tomó la palabra y postuló a los legisladores alperovichistas Marcelo Caponio y Guillermo Gassenbauer como respectivos presidente y secretario.

Indignado, el también parlamentario oficialista Gerónimo Vargas Aignasse bramó: "debo decir que esta propuesta me parece una falta de respeto y una vergüenza. No me gusta que se fabrique todo a mis espaldas, sin una reunión del bloque ("Tucumán Crece") siendo yo presidente de la comisión de Seguridad y Justicia...". Y el resto de la intervención no se conoce con precisión -aunque se intuye el tono-, porque, en ese momento, personal de seguridad de la Legislatura desalojó a LA GACETA de la sala con vista a la plaza Urquiza.

Cinco minutos después de iniciado el cónclave, Vargas Aignasse se retiró de mal humor y sin voluntad para hacer declaraciones on the record. Durante la tarde, el "peronista díscolo" se disculpó, anunció que no renunciará al comité y por escrito explicó: "estoy cansado de los pícaros que, mediante acuerdos de contubernio, actúan a escondidas del bloque del que formo parte, tratándonos como si fuéramos sus punteros políticos, y que toman decisiones donde ellos son los únicos beneficiados (...). Considero, además, que esta comisión debería estar en manos de un miembro del Poder Judicial con experiencia y conocimiento en materia penal, condiciones que, con todo respeto, no tienen ni por asomo Caponio y Gassenbauer".

Habituados a eso

La crítica de Vargas Aignasse no impidió que los presentes (ver recuadro) avalasen la idea de "Willy" Sánchez en presencia de Amado; Antonio Estofán, presidente de la CSJT; Luis De Mitri, ministro público fiscal y Juan Antonio Ruiz Olivares, secretario de la Legislatura. Previamente, la mesa precisó las funciones del presidente ("moderar el debate, y recibir notas y enviarlas") y del secretario ("labrar las actas").

En el trámite de justificar lo ocurrido, Amado habría comentado a las visitas que este tipo de escenas ocurren a menudo en el recinto y que los legisladores estaban habituados a ellas. Tras el encuentro, Caponio expresó: "las autoridades debían definirse en esta mesa y no en una reunión de bloque. Hubo un acuerdo interpoderes (para elaborar un proyecto de reforma) y correspondía distribuir funciones para dar impulso al comité. No se entiende la actitud de Vargas Aignasse".

Por separado, Estofán negó que fuese una derrota para la Justicia el hecho de que los legisladores se hayan quedado con la presidencia y la secretaría (pese a que la iniciativa de revisar el proceso penal surgió del Poder Judicial). "Por el contrario, la Justicia considera que, siendo esta una comisión creada por la Legislatura, aunque sea interpoderes, que trabajará en el Poder Legislativo con el objetivo de elaborar una iniciativa legislativa, lo razonable es que las autoridades sean de la casa", opinó.

Sobre la decisión del alto tribunal de dar de baja el plan piloto madurado desde 2012 y cuestionado judicialmente (por modificar normas procesales y orgánicas por la vía reglamentaria), Estofán manifestó: "desde el momento en que se complica la implementación del proyecto, a mí deja de interesarme la posibilidad de hacer innovaciones en el fuero penal. Lo conversamos en la Corte y con el ministro De Mitri, y decidimos buscar el consenso para mejorar el tema de la seguridad, que es lo candente. Los gastos hechos (en nombre del plan piloto), en principio, son mínimos y serán aprovechados porque la reforma saldrá adelante".

Nada que esconder

En el encuentro de ayer quedó planteada la agenda inmediata del comité. Esta consiste en definir un reglamento interno y si el debate se desarrollará a puertas abiertas o cerradas (la cuestión de la publicidad fue abordada por Francisco García Posse, titular del Colegio de Abogados de la Capital). El presidente Caponio adelantó que no había nada que esconder y que creía que la prensa debía tener un acceso amplio al trabajo de la comisión. El secretario Gassenbauer fue menos entusiasta o más prudente: "la mayoría decidirá si quiere o no que los periodistas estén presentes. Eso sí: siempre los invitaremos a tomar imágenes. La idea es que el reglamento sea parecido al que usamos en las comisiones de la Legislatura, con las características de un órgano interpoderes".

Si la comisión especial funciona como un comité legislativo ordinario, el alperovichismo tiene número de sobra para imponer su posición en las votaciones. Tal escenario podría excluir el consenso que anhela Estofán desde la Corte. Pese a todo, parece que recién empiezan las fricciones por la reforma del proceso penal.

INTEGRACIÓN.- La comisión especial encargada de elaborar un proyecto de reforma del proceso penal está integrada por representantes del Poder Judicial (tres titulares y tres suplentes); del Poder Ejecutivo (tres titulares y dos suplentes); de la Legislatura (cinco titulares y dos suplentes), y de los colegios de abogados de la Capital y del Sur (un titular y un suplente cada uno).

EN LA MESA.- A la reunión de estreno del comité asistieron la magistrada Ana Lía Castillo de Ayusa, y los fiscales Edgardo Sánchez, Adriana Gianonni y Hernán Molina; los legisladores oficialistas Marcelo Caponio, Guillermo Gassenbauer, Gerónimo Vargas Aignasse (participó cinco minutos y se retiró ofuscado), Ramiro González Navarro, Regino Racedo y el parlamentario opositor José Páez; los funcionarios alperovichistas Jorge Posse Ponessa, Humberto Rava, José Farhat y Paul Hofer, y los letrados Francisco García Posse (Capital), y Ángel Fara y Sergio Faiad (los dos últimos representan a los abogados sureños).

SILLAS VACÍAS.- No asistieron al encuentro ni Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia, ni los camaristas Carlos Caramuti y Eudoro Albo, ni el legislador radical Ariel García ni el letrado capitalino Ezio Jogna Prat.

¿Quién creó la comisión especial? 

La Legislatura. El órgano ad hoc surgió tras la frustración de un plan piloto de la Corte.

¿Cuál es su meta?

Elaborar un proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal (la última enmienda global es de 1991).

¿Cómo trabajará?

Los integrantes del comité especial se reunirán para aprobar un reglamento interno el viernes 23 de agosto.